Ley Represora.

Política española y de la UE
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AnxelKoldo
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Mensajepor AnxelKoldo » 14 Jun 2018, 21:04

Derechos Humanos.

Los organismos internacionales, UE y ONU, y las ONG ponen el foco en España sobre las diez áreas grises en las que se vulneran derechos fundamentales.


1. Frontera Sur: Hace menos de un mes el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a España explicaciones sobre la devolución sumaria de inmigrantes en Ceuta y Melilla, la muerte de 15 personas frente a la playa ceutí de El Tarajal, la violencia policial en la represión de los saltos en las vallas fronterizas y las denuncias de malos tratos a inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), entre otras cuestiones.

Así lo recoge el listado del Comité, un documento que enumera las cuestiones sobre las que España deberá informar a la ONU de cara al VI Examen Periódico del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tendrá lugar en 2015. El Comité solicita al Gobierno que, previamente y por escrito, comente la información "que da cuenta de abusos cometidos en el procedimiento de expulsión de extranjeros, en particular desde Ceuta y Melilla, y que muchas de las expulsiones ocurridas no cumplen con el procedimiento migratorio vigente en el Estado".

Otro organismo internacional, la UE también pidió recientemente información a las autoridades españolas por la violencia empleada por los agentes de la Guardia Civil española contra varios inmigrantes que el pasado día 15 de septiembre intentaron saltar la valla a Melilla, tras ver las imágenes difundidas por una ONG en la que se ve cómo varios agentes golpean a uno de los migrantes y es devuelto en volandas a Marruecos. Y con posterioridad, el nuevo comisario de Inmigración, el conservador griego Dimitris Avramopoulos, avisó en noviembre ante el pleno de la Eurocámara de que la legalización de las devoluciones en caliente que prepara el Gobierno de Rajoy podría vulnerar la legislación de la UE. Avramopoulos expresó además su "preocupación" por las noticias sobre "expulsiones sumarias" y el uso de violencia contra los inmigrantes en Ceuta y Melilla.

2. Desahucios: Mientras el derecho a la vivienda está garantizado en el artículo 47 de la Constitución Europea, solo en el primer semestre de 2014 el número total de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue de 21.178, lo que supone el 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su informe añade que se practicaron 18.749 desahucios, un 3,7% más que en el primer semestre de 2013, y más de la mitad (un 53,8%) se debieron a impagos por el alquiler. Desde la plataforma Stop Desahucios, que calculan con datos del Banco de España en 26.500 las familias que se quedaron sin casa en el primer semestre del año, lamentan que "la emergencia habitacional, lejos de disminuir está aumentando" en España.


El más mediático de los desahucios este semestre ha sido el de Carmen, la anciana de Vallecas desahuciada en noviembre por avalar a su hijo, que había solicitado 70.000 euros a un prestamista particular. Como el hijo no pudo devolver esta cantidad, el prestamista se quedó con la casa y la subastó. Entonces, el nuevo propietario quiso disponer de la misma y acudió a la Justicia. La anciana, que lleva varias décadas viviendo en la casa, cobra la pensión mínima y tiene varios problemas de salud. A pesar de ello, y tras una prórroga de un mes, el juez firmó la ejecución de dicho desahucio. Su caso desató una ola de ayudas de la sociedad civil. El equipo de fútbol local, el Rayo Vallecano, recaudó recientemente 15.000 euros para ayudar a Carmen. El Ayuntamiento de Madrid prometió, asimismo, acelerar los trámites para alojar a esta mujer de 85 años.

3. Pobreza infantil: El presidente del comité español de Unicef, Carmelo Angulo, alertaba a mediados de año de que "la pobreza en España tiene rostro de niño" y que "en la pobreza infantil está el germen de una sociedad mas desigual" y un sistema menos sostenible. A partir de los datos del informe bianual sobre la situación de la infancia en España que presentó Unicef en junio, Angulo ha señalado que la pobreza infantil es "más elevada, intensa y extensa" que la de otras franjas de edad y que en los países del entorno.

Angulo puso énfasis en que este informe revela que un total de 2.306.000 niños viven en España bajo el umbral de la pobreza (27,5%), y, además, los hogares con hijos son más pobres por lo que "las familias grandes están penalizadas". Por eso, ha reclamado, ahora que se está hablando de inicios de recuperación económica que se aborde un pacto de Estado por la infancia. Otras ONG como Save The Children aumentan a 2,8 millones de niños los que viven en dificultades económicas graves en España.

4. Tasas judiciales y Justicia Gratuita: La ley de tasas fue aprobada hace dos años solo con los votos del Partido Popular y contó con el rechazo de toda la oposición parlamentaria, además del repudio de la mayoría de los actores jurídicos por entender que la norma consagraba el "modelo mercantilista" de la Justicia. Unos meses después el ministro de Justicia, entonces Alberto Ruiz Gallardón, accedió a recurrir algunas de estas tasas, a petición de la Defensora del Pueblo, pero para muchos sectores continúan siendo abusivas.



Este tributo añadido que recae sobre los ciudadanos de clase media afecta, según datos del propio ministerio, al 17% del total de 8,3 millones de asuntos judiciales que se gestionan en España cada año, si bien la oposición asegura que el porcentaje es mucho mayor. Las tasas se aplican al acudir a las jurisdicciones civil y administrativa, así como en sus distintos recursos, casaciones, etc. El desembolso medio oscila entre los 300 por una denuncia y los 800 euros por un recurso.

La letrada y profesora de Derecho Civil Verónica Del Carpio encabeza la lucha de la abogacía contra unas tasas que vulneran el principio de "tutela judicial efectiva". Del Carpio asegura que en este tiempo el Gobierno no ha conseguido los fines recaudatorios que planeó con la nueva ley, pero sí la disuasión de los ciudadanos a la hora de reclamar justicia. Sus estadísticas hablan de un 25-30% menos de apelaciones civiles, de media, el año pasado.

Desde la abogacía se solicita que, al menos lo recaudado con las tasas, sirva para costear la asistencia jurídica gratuita. El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este otoño en su toma de posesión que se ampliará el número de beneficiarios de justicia gratuita y que en el proyecto de ley que comenzará pronto a debatirse en el Senado se introducirán enmiendas de mejora para que "nadie se quede sin ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de recursos".

5. Violencia machista: En lo que va de año al menos 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Un tercio de ellas había presentado denuncia previa por malos tratos. La mayoría solo tenía detectado riesgo bajo en el protocolo policial. Cuando se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de protección integral contra la violencia de género, el Gobierno se ha propuesto analizar los puntos débiles de la respuesta ante esta violencia machista, pero la aplicación de los cambios no va todo lo rápida que pudiera. De hecho, se anunció un nuevo protocolo de medición de riesgos en abril, que aún no está efectivo. También se dijo que se implementaría la justicia gratuita y la asesoría previa en las comisarías y juzgados para evitar la retirada de las denuncias y que las mujeres no declarasen en los procedimientos. Algo que todavía tampoco está en marcha.

La semana pasada, el observatorio del CGPJ para la violencia contra las mujeres lanzó nueve propuestas para frenar esta lacra, entre las que se incluyen más información a las denunciantes, mejor formación en los juzgados, así como el fin de los atenuantes por confesión a los maltratadores. Una de las preocupaciones mayores es el hecho de que muchas mujeres maltratadas regresan a vivir con su agresor, en muchos casos por los hijos, ante la falta de recursos económicos. La oposición y las asociaciones de mujeres denuncian el descenso de las ayudas económicas a los programas destinados a mujeres víctimas de la violencia machista.

Con motivo del día internacional contra la violencia machista, una víctima explicó a 20minutos las mejoras que ella echa en falta. Carmen pidió que se pudiera ampliar la primera declaración en sede policial o judicial, ya que una mujer en estado de estrés no puede dar toda la información necesaria para un juicio justo, así como mayor formación en violencia psicológica a los jueces y medidas más eficaces en la protección de las mujeres cuyos agresores se han saltado las órdenes de alejamiento o incomunicación.

6. Exclusión sanitaria de los inmigrantes: El real decreto de los recortes sanitarios de abril de 2012 rompió las tarjetas sanitarias de 873.000 inmigrantes en España, que desde ese día se quedaron sin asistencia universal. Los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes llevan dos años tachando la medida de "injusta", "ineficaz" e "insegura".

Esta año varias ONG han denunciado que España "ha incumplido las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que pedían la reforma del real decreto y recordaban que el Estado español tiene obligaciones legales en materia del derecho a la salud, también con respecto a las personas migrantes en situación administrativa irregular". La Red Acoge ha lanzado este otoño una campaña con mucho impacto sobre la retirada de las tarjetas sanitarias, bajo el título ¿Cuándo hemos dejado de ser humanos?

El decreto solo permite la asistencia de menores, mujeres en el embarazo y parto, urgencias y víctimas de tratas que hayan denunciado. Además de los casos generales de inmigrantes con enfermedades crónicas, ONG como Amnistía Internacional denuncian que la falta de asistencia sanitaria universal deja desprotegidas a muchas mujeres inmigrantes víctimas de malos tratos o de trata de personas que no hayan dado el paso a denunciar. "La atención primaria es el lugar en el que se detectan estos abusos, pero ellas tienen el acceso restringido", señala Marta Mendiola, de AI.

7. Protestas 'amordazadas': La Ley de Seguridad Ciudadana ha comenzado su andadura parlamentaria, con fuerte rechazo de toda la oposición, así como de las ONG que defienden los derechos humanos. La nueva versión de la ley, que suavizó ya el Gobierno, pretende legalizar las devoluciones en caliente en la valla de Melilla. Además, contempla varios supuestos en los que se autoriza la disolución de manifestaciones. Por este motivo, muchas voces la califican de 'ley mordaza'. El PP ha registrado varias propuestas para "endurecer" la ley, como permitir a los agentes identificar a personas que oculten parcialmente su rostro, y no solo totalmente; multar con hasta 600 euros el 'top manta' o ampliar la consideración de los insultos a los policías como infracción leve en cualquier ámbito de actuación de estos y no solo en manifestaciones.

Por su parte, la oposición quiere eliminar en la lista de infracciones cuestiones como los escraches, el botellón, las cundas —vehículos que trasladan a toxicómanos a los poblados de la droga—, la solicitud de servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, las pintadas en mobiliario urbano y fachadas o la escalada de edificios.

También el Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha interesado por esta ley. El Gobierno deberá responder a una serie de preguntas enviadas en relación a cómo afecta al "derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión". En este mismo sentido ha pedido inofrmación sobre los informes que varias ONG presentaron recientemente sobre la actuación policial en manifestaciones ocurridas en los últimos años en la Plaza de Cataluña (Barcelona) y en la estación de Atocha (en Madrid).

8. Crímenes del franquismo: Hace un año una delegación española defendió ante la ONU en Ginebra que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico del país la investigación penal de crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo por tratarse de delitos ya prescritos, que además quedaron absueltos por la Ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU contestó que la prescripción de los delitos sólo se produce en el momento en que "la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad", y pidió al Estado español garantizar que así se cumpla.

Sin embargo, en las cunetas, en los bosques, junto a las tapias de los cementerios. En agujeros, enterrados como se da sepultura a los animales, hay todavía más de 100.000 civiles republicanos desaparecidos tras ser asesinados en la Guerra Civil y el franquismo. Cuando se acaban de cumplir 75 años del final de la contienda (el pasado 1 de abril), las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica denuncian que desde que tomó posesión el Gobierno de Rajoy no se ha concedido ni una sola subvención a la exhumación de fosas comunes.

9. Discriminación racial: El viernes 5 de diciembre SOS Racismo presentó su último informe anual, con datos de 2013, en el que la ONG recibió 397 denuncias por racismo y discriminación, destacando tres ámbitos: el racismo institucional, la denegación en el acceso servicios públicos y privados (acceso a locales de ocio, sanidad, educación, vivienda) y los abusos de las fuerzas de seguridad del estado y seguridad privada.

"Las denuncias recogidas son una muestra del racismo y la discriminación y no pueden interpretarse como una estadística completa. Según informes europeos entre 60-80% de los casos de discriminación no se denuncian. En consecuencia seguimos sin saber cuál es la fotografía real de la discriminación en este país" denunciaba la ONG, que reclama la necesidad de contar con una ley contra la discriminación que sirva para luchar de manera efectiva contra los delitos de odio.

A petición de la ONU, el Gobierno tendrá también que responder en breve al comité de derechos humanos sobre "l impacto de los recortes presupuestarios en las políticas de lucha contra la xenofobia, las iniciativas adoptadas para luchar contra la discriminación de migrantes y minorías étnicas y las medidas tomadas para fortalecer el Foro para la Integración Social de los inmigrantes".

10. Abusos y torturas policiales: Este año se conmemora el 30 aniversario de la firma de la convención de la Tortura, y todavía son muchos los sectores jurídicos y civiles que denuncian que en España se producen abusos en los espacios de detención (comisarías, cuarteles, juzgados o prisiones). La Fundación Abogacía Española celebra esta semana unas jornadas sobre el tema, en las que presentará una guía para que los abogados sepan detectar y denunciar abusos policiales y torturas.

Medio centenar de asociaciones, unidas en la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura, presentaron el mes pasado un informe sobre los últimos diez años, en el que destacaban las 6.621 denuncias de abusos y torturas registradas en todo el país. Su portavoz, Jorge del Cura, asegura que los inmigrantes y los miembros de movimientos sociales son los que más denuncian estas prácticas, pero no los únicos que las sufren.

Para Del Cura, en España no hay tortura sistemática como la hubo hasta los 90 (torturas clásicas con prácticas como la bolsa, la bañera o los electrodos), sino 'tortura blanca' o psicológica, que no deja marchas de sangre pero sí humillaciones,amenazas, puñetazos sin huella o insultos. En su opinión "la sensación es que en España aumenta la violencia institucional, pero también el miedo a denunciar". Amparado por los dictámenes de las organizaciones internacionales y por sus propios datos, del Cura dice que los abusos policiales en España "no son excepcionales, sino generalizados, porque al año no hay una o dos denuncias, sino 252, y no afectan a un solo colectivo policial, sino a todos los funcionarios de todas las policías del Estado, incluidos los Centros de Internamiento de Extranjeros y las prisiones".

Amnistía Internacional (AI) aseguraba este martes que la tortura no es sistemática en España, pero es "persistente" y sigue siendo un problema. "En España la tortura sigue siendo un problema y el problema es que no se reconoce como problema", ha enfatizado el director de AI, Esteban Beltrán, con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos.

https://www.20minutos.es/noticia/231887 ... os/espana/
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Re: Ley Represora.

Mensajepor avr » 14 Jun 2018, 21:20

AnxelKoldo escribió:Derechos Humanos.

Los organismos internacionales, UE y ONU, y las ONG ponen el foco en España sobre las diez áreas grises en las que se vulneran derechos fundamentales.


1. Frontera Sur: Hace menos de un mes el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a España explicaciones sobre la devolución sumaria de inmigrantes en Ceuta y Melilla, la muerte de 15 personas frente a la playa ceutí de El Tarajal, la violencia policial en la represión de los saltos en las vallas fronterizas y las denuncias de malos tratos a inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), entre otras cuestiones.

Así lo recoge el listado del Comité, un documento que enumera las cuestiones sobre las que España deberá informar a la ONU de cara al VI Examen Periódico del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tendrá lugar en 2015. El Comité solicita al Gobierno que, previamente y por escrito, comente la información "que da cuenta de abusos cometidos en el procedimiento de expulsión de extranjeros, en particular desde Ceuta y Melilla, y que muchas de las expulsiones ocurridas no cumplen con el procedimiento migratorio vigente en el Estado".

Otro organismo internacional, la UE también pidió recientemente información a las autoridades españolas por la violencia empleada por los agentes de la Guardia Civil española contra varios inmigrantes que el pasado día 15 de septiembre intentaron saltar la valla a Melilla, tras ver las imágenes difundidas por una ONG en la que se ve cómo varios agentes golpean a uno de los migrantes y es devuelto en volandas a Marruecos. Y con posterioridad, el nuevo comisario de Inmigración, el conservador griego Dimitris Avramopoulos, avisó en noviembre ante el pleno de la Eurocámara de que la legalización de las devoluciones en caliente que prepara el Gobierno de Rajoy podría vulnerar la legislación de la UE. Avramopoulos expresó además su "preocupación" por las noticias sobre "expulsiones sumarias" y el uso de violencia contra los inmigrantes en Ceuta y Melilla.

2. Desahucios: Mientras el derecho a la vivienda está garantizado en el artículo 47 de la Constitución Europea, solo en el primer semestre de 2014 el número total de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue de 21.178, lo que supone el 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su informe añade que se practicaron 18.749 desahucios, un 3,7% más que en el primer semestre de 2013, y más de la mitad (un 53,8%) se debieron a impagos por el alquiler. Desde la plataforma Stop Desahucios, que calculan con datos del Banco de España en 26.500 las familias que se quedaron sin casa en el primer semestre del año, lamentan que "la emergencia habitacional, lejos de disminuir está aumentando" en España.


El más mediático de los desahucios este semestre ha sido el de Carmen, la anciana de Vallecas desahuciada en noviembre por avalar a su hijo, que había solicitado 70.000 euros a un prestamista particular. Como el hijo no pudo devolver esta cantidad, el prestamista se quedó con la casa y la subastó. Entonces, el nuevo propietario quiso disponer de la misma y acudió a la Justicia. La anciana, que lleva varias décadas viviendo en la casa, cobra la pensión mínima y tiene varios problemas de salud. A pesar de ello, y tras una prórroga de un mes, el juez firmó la ejecución de dicho desahucio. Su caso desató una ola de ayudas de la sociedad civil. El equipo de fútbol local, el Rayo Vallecano, recaudó recientemente 15.000 euros para ayudar a Carmen. El Ayuntamiento de Madrid prometió, asimismo, acelerar los trámites para alojar a esta mujer de 85 años.

3. Pobreza infantil: El presidente del comité español de Unicef, Carmelo Angulo, alertaba a mediados de año de que "la pobreza en España tiene rostro de niño" y que "en la pobreza infantil está el germen de una sociedad mas desigual" y un sistema menos sostenible. A partir de los datos del informe bianual sobre la situación de la infancia en España que presentó Unicef en junio, Angulo ha señalado que la pobreza infantil es "más elevada, intensa y extensa" que la de otras franjas de edad y que en los países del entorno.

Angulo puso énfasis en que este informe revela que un total de 2.306.000 niños viven en España bajo el umbral de la pobreza (27,5%), y, además, los hogares con hijos son más pobres por lo que "las familias grandes están penalizadas". Por eso, ha reclamado, ahora que se está hablando de inicios de recuperación económica que se aborde un pacto de Estado por la infancia. Otras ONG como Save The Children aumentan a 2,8 millones de niños los que viven en dificultades económicas graves en España.

4. Tasas judiciales y Justicia Gratuita: La ley de tasas fue aprobada hace dos años solo con los votos del Partido Popular y contó con el rechazo de toda la oposición parlamentaria, además del repudio de la mayoría de los actores jurídicos por entender que la norma consagraba el "modelo mercantilista" de la Justicia. Unos meses después el ministro de Justicia, entonces Alberto Ruiz Gallardón, accedió a recurrir algunas de estas tasas, a petición de la Defensora del Pueblo, pero para muchos sectores continúan siendo abusivas.



Este tributo añadido que recae sobre los ciudadanos de clase media afecta, según datos del propio ministerio, al 17% del total de 8,3 millones de asuntos judiciales que se gestionan en España cada año, si bien la oposición asegura que el porcentaje es mucho mayor. Las tasas se aplican al acudir a las jurisdicciones civil y administrativa, así como en sus distintos recursos, casaciones, etc. El desembolso medio oscila entre los 300 por una denuncia y los 800 euros por un recurso.

La letrada y profesora de Derecho Civil Verónica Del Carpio encabeza la lucha de la abogacía contra unas tasas que vulneran el principio de "tutela judicial efectiva". Del Carpio asegura que en este tiempo el Gobierno no ha conseguido los fines recaudatorios que planeó con la nueva ley, pero sí la disuasión de los ciudadanos a la hora de reclamar justicia. Sus estadísticas hablan de un 25-30% menos de apelaciones civiles, de media, el año pasado.

Desde la abogacía se solicita que, al menos lo recaudado con las tasas, sirva para costear la asistencia jurídica gratuita. El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este otoño en su toma de posesión que se ampliará el número de beneficiarios de justicia gratuita y que en el proyecto de ley que comenzará pronto a debatirse en el Senado se introducirán enmiendas de mejora para que "nadie se quede sin ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de recursos".

5. Violencia machista: En lo que va de año al menos 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Un tercio de ellas había presentado denuncia previa por malos tratos. La mayoría solo tenía detectado riesgo bajo en el protocolo policial. Cuando se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de protección integral contra la violencia de género, el Gobierno se ha propuesto analizar los puntos débiles de la respuesta ante esta violencia machista, pero la aplicación de los cambios no va todo lo rápida que pudiera. De hecho, se anunció un nuevo protocolo de medición de riesgos en abril, que aún no está efectivo. También se dijo que se implementaría la justicia gratuita y la asesoría previa en las comisarías y juzgados para evitar la retirada de las denuncias y que las mujeres no declarasen en los procedimientos. Algo que todavía tampoco está en marcha.

La semana pasada, el observatorio del CGPJ para la violencia contra las mujeres lanzó nueve propuestas para frenar esta lacra, entre las que se incluyen más información a las denunciantes, mejor formación en los juzgados, así como el fin de los atenuantes por confesión a los maltratadores. Una de las preocupaciones mayores es el hecho de que muchas mujeres maltratadas regresan a vivir con su agresor, en muchos casos por los hijos, ante la falta de recursos económicos. La oposición y las asociaciones de mujeres denuncian el descenso de las ayudas económicas a los programas destinados a mujeres víctimas de la violencia machista.

Con motivo del día internacional contra la violencia machista, una víctima explicó a 20minutos las mejoras que ella echa en falta. Carmen pidió que se pudiera ampliar la primera declaración en sede policial o judicial, ya que una mujer en estado de estrés no puede dar toda la información necesaria para un juicio justo, así como mayor formación en violencia psicológica a los jueces y medidas más eficaces en la protección de las mujeres cuyos agresores se han saltado las órdenes de alejamiento o incomunicación.

6. Exclusión sanitaria de los inmigrantes: El real decreto de los recortes sanitarios de abril de 2012 rompió las tarjetas sanitarias de 873.000 inmigrantes en España, que desde ese día se quedaron sin asistencia universal. Los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes llevan dos años tachando la medida de "injusta", "ineficaz" e "insegura".

Esta año varias ONG han denunciado que España "ha incumplido las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que pedían la reforma del real decreto y recordaban que el Estado español tiene obligaciones legales en materia del derecho a la salud, también con respecto a las personas migrantes en situación administrativa irregular". La Red Acoge ha lanzado este otoño una campaña con mucho impacto sobre la retirada de las tarjetas sanitarias, bajo el título ¿Cuándo hemos dejado de ser humanos?

El decreto solo permite la asistencia de menores, mujeres en el embarazo y parto, urgencias y víctimas de tratas que hayan denunciado. Además de los casos generales de inmigrantes con enfermedades crónicas, ONG como Amnistía Internacional denuncian que la falta de asistencia sanitaria universal deja desprotegidas a muchas mujeres inmigrantes víctimas de malos tratos o de trata de personas que no hayan dado el paso a denunciar. "La atención primaria es el lugar en el que se detectan estos abusos, pero ellas tienen el acceso restringido", señala Marta Mendiola, de AI.

7. Protestas 'amordazadas': La Ley de Seguridad Ciudadana ha comenzado su andadura parlamentaria, con fuerte rechazo de toda la oposición, así como de las ONG que defienden los derechos humanos. La nueva versión de la ley, que suavizó ya el Gobierno, pretende legalizar las devoluciones en caliente en la valla de Melilla. Además, contempla varios supuestos en los que se autoriza la disolución de manifestaciones. Por este motivo, muchas voces la califican de 'ley mordaza'. El PP ha registrado varias propuestas para "endurecer" la ley, como permitir a los agentes identificar a personas que oculten parcialmente su rostro, y no solo totalmente; multar con hasta 600 euros el 'top manta' o ampliar la consideración de los insultos a los policías como infracción leve en cualquier ámbito de actuación de estos y no solo en manifestaciones.

Por su parte, la oposición quiere eliminar en la lista de infracciones cuestiones como los escraches, el botellón, las cundas —vehículos que trasladan a toxicómanos a los poblados de la droga—, la solicitud de servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, las pintadas en mobiliario urbano y fachadas o la escalada de edificios.

También el Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha interesado por esta ley. El Gobierno deberá responder a una serie de preguntas enviadas en relación a cómo afecta al "derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión". En este mismo sentido ha pedido inofrmación sobre los informes que varias ONG presentaron recientemente sobre la actuación policial en manifestaciones ocurridas en los últimos años en la Plaza de Cataluña (Barcelona) y en la estación de Atocha (en Madrid).

8. Crímenes del franquismo: Hace un año una delegación española defendió ante la ONU en Ginebra que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico del país la investigación penal de crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo por tratarse de delitos ya prescritos, que además quedaron absueltos por la Ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU contestó que la prescripción de los delitos sólo se produce en el momento en que "la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad", y pidió al Estado español garantizar que así se cumpla.

Sin embargo, en las cunetas, en los bosques, junto a las tapias de los cementerios. En agujeros, enterrados como se da sepultura a los animales, hay todavía más de 100.000 civiles republicanos desaparecidos tras ser asesinados en la Guerra Civil y el franquismo. Cuando se acaban de cumplir 75 años del final de la contienda (el pasado 1 de abril), las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica denuncian que desde que tomó posesión el Gobierno de Rajoy no se ha concedido ni una sola subvención a la exhumación de fosas comunes.

9. Discriminación racial: El viernes 5 de diciembre SOS Racismo presentó su último informe anual, con datos de 2013, en el que la ONG recibió 397 denuncias por racismo y discriminación, destacando tres ámbitos: el racismo institucional, la denegación en el acceso servicios públicos y privados (acceso a locales de ocio, sanidad, educación, vivienda) y los abusos de las fuerzas de seguridad del estado y seguridad privada.

"Las denuncias recogidas son una muestra del racismo y la discriminación y no pueden interpretarse como una estadística completa. Según informes europeos entre 60-80% de los casos de discriminación no se denuncian. En consecuencia seguimos sin saber cuál es la fotografía real de la discriminación en este país" denunciaba la ONG, que reclama la necesidad de contar con una ley contra la discriminación que sirva para luchar de manera efectiva contra los delitos de odio.

A petición de la ONU, el Gobierno tendrá también que responder en breve al comité de derechos humanos sobre "l impacto de los recortes presupuestarios en las políticas de lucha contra la xenofobia, las iniciativas adoptadas para luchar contra la discriminación de migrantes y minorías étnicas y las medidas tomadas para fortalecer el Foro para la Integración Social de los inmigrantes".

10. Abusos y torturas policiales: Este año se conmemora el 30 aniversario de la firma de la convención de la Tortura, y todavía son muchos los sectores jurídicos y civiles que denuncian que en España se producen abusos en los espacios de detención (comisarías, cuarteles, juzgados o prisiones). La Fundación Abogacía Española celebra esta semana unas jornadas sobre el tema, en las que presentará una guía para que los abogados sepan detectar y denunciar abusos policiales y torturas.

Medio centenar de asociaciones, unidas en la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura, presentaron el mes pasado un informe sobre los últimos diez años, en el que destacaban las 6.621 denuncias de abusos y torturas registradas en todo el país. Su portavoz, Jorge del Cura, asegura que los inmigrantes y los miembros de movimientos sociales son los que más denuncian estas prácticas, pero no los únicos que las sufren.

Para Del Cura, en España no hay tortura sistemática como la hubo hasta los 90 (torturas clásicas con prácticas como la bolsa, la bañera o los electrodos), sino 'tortura blanca' o psicológica, que no deja marchas de sangre pero sí humillaciones,amenazas, puñetazos sin huella o insultos. En su opinión "la sensación es que en España aumenta la violencia institucional, pero también el miedo a denunciar". Amparado por los dictámenes de las organizaciones internacionales y por sus propios datos, del Cura dice que los abusos policiales en España "no son excepcionales, sino generalizados, porque al año no hay una o dos denuncias, sino 252, y no afectan a un solo colectivo policial, sino a todos los funcionarios de todas las policías del Estado, incluidos los Centros de Internamiento de Extranjeros y las prisiones".

Amnistía Internacional (AI) aseguraba este martes que la tortura no es sistemática en España, pero es "persistente" y sigue siendo un problema. "En España la tortura sigue siendo un problema y el problema es que no se reconoce como problema", ha enfatizado el director de AI, Esteban Beltrán, con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos.

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Re: Ley Represora.

Mensajepor Observador » 14 Jun 2018, 21:39

Joder ya se ha chutao el Koldete, no puedo dejarle solo.

Esos organismo no dicen nada de Nicaragua 154 muertos van ya por la represión de las protestas opositoras y ahora sales tu con estas :lol: :lol: :lol:
A cada cerdo le llega su san Martin, principio infalible

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Loma
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Re: Ley Represora.

Mensajepor Loma » 14 Jun 2018, 21:49

AnxelKoldo escribió:Derechos Humanos.

Los organismos internacionales, UE y ONU, y las ONG ponen el foco en España sobre las diez áreas grises en las que se vulneran derechos fundamentales.


1. Frontera Sur: Hace menos de un mes el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a España explicaciones sobre la devolución sumaria de inmigrantes en Ceuta y Melilla, la muerte de 15 personas frente a la playa ceutí de El Tarajal, la violencia policial en la represión de los saltos en las vallas fronterizas y las denuncias de malos tratos a inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), entre otras cuestiones.

Así lo recoge el listado del Comité, un documento que enumera las cuestiones sobre las que España deberá informar a la ONU de cara al VI Examen Periódico del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tendrá lugar en 2015. El Comité solicita al Gobierno que, previamente y por escrito, comente la información "que da cuenta de abusos cometidos en el procedimiento de expulsión de extranjeros, en particular desde Ceuta y Melilla, y que muchas de las expulsiones ocurridas no cumplen con el procedimiento migratorio vigente en el Estado".

Otro organismo internacional, la UE también pidió recientemente información a las autoridades españolas por la violencia empleada por los agentes de la Guardia Civil española contra varios inmigrantes que el pasado día 15 de septiembre intentaron saltar la valla a Melilla, tras ver las imágenes difundidas por una ONG en la que se ve cómo varios agentes golpean a uno de los migrantes y es devuelto en volandas a Marruecos. Y con posterioridad, el nuevo comisario de Inmigración, el conservador griego Dimitris Avramopoulos, avisó en noviembre ante el pleno de la Eurocámara de que la legalización de las devoluciones en caliente que prepara el Gobierno de Rajoy podría vulnerar la legislación de la UE. Avramopoulos expresó además su "preocupación" por las noticias sobre "expulsiones sumarias" y el uso de violencia contra los inmigrantes en Ceuta y Melilla.

2. Desahucios: Mientras el derecho a la vivienda está garantizado en el artículo 47 de la Constitución Europea, solo en el primer semestre de 2014 el número total de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue de 21.178, lo que supone el 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su informe añade que se practicaron 18.749 desahucios, un 3,7% más que en el primer semestre de 2013, y más de la mitad (un 53,8%) se debieron a impagos por el alquiler. Desde la plataforma Stop Desahucios, que calculan con datos del Banco de España en 26.500 las familias que se quedaron sin casa en el primer semestre del año, lamentan que "la emergencia habitacional, lejos de disminuir está aumentando" en España.


El más mediático de los desahucios este semestre ha sido el de Carmen, la anciana de Vallecas desahuciada en noviembre por avalar a su hijo, que había solicitado 70.000 euros a un prestamista particular. Como el hijo no pudo devolver esta cantidad, el prestamista se quedó con la casa y la subastó. Entonces, el nuevo propietario quiso disponer de la misma y acudió a la Justicia. La anciana, que lleva varias décadas viviendo en la casa, cobra la pensión mínima y tiene varios problemas de salud. A pesar de ello, y tras una prórroga de un mes, el juez firmó la ejecución de dicho desahucio. Su caso desató una ola de ayudas de la sociedad civil. El equipo de fútbol local, el Rayo Vallecano, recaudó recientemente 15.000 euros para ayudar a Carmen. El Ayuntamiento de Madrid prometió, asimismo, acelerar los trámites para alojar a esta mujer de 85 años.

3. Pobreza infantil: El presidente del comité español de Unicef, Carmelo Angulo, alertaba a mediados de año de que "la pobreza en España tiene rostro de niño" y que "en la pobreza infantil está el germen de una sociedad mas desigual" y un sistema menos sostenible. A partir de los datos del informe bianual sobre la situación de la infancia en España que presentó Unicef en junio, Angulo ha señalado que la pobreza infantil es "más elevada, intensa y extensa" que la de otras franjas de edad y que en los países del entorno.

Angulo puso énfasis en que este informe revela que un total de 2.306.000 niños viven en España bajo el umbral de la pobreza (27,5%), y, además, los hogares con hijos son más pobres por lo que "las familias grandes están penalizadas". Por eso, ha reclamado, ahora que se está hablando de inicios de recuperación económica que se aborde un pacto de Estado por la infancia. Otras ONG como Save The Children aumentan a 2,8 millones de niños los que viven en dificultades económicas graves en España.

4. Tasas judiciales y Justicia Gratuita: La ley de tasas fue aprobada hace dos años solo con los votos del Partido Popular y contó con el rechazo de toda la oposición parlamentaria, además del repudio de la mayoría de los actores jurídicos por entender que la norma consagraba el "modelo mercantilista" de la Justicia. Unos meses después el ministro de Justicia, entonces Alberto Ruiz Gallardón, accedió a recurrir algunas de estas tasas, a petición de la Defensora del Pueblo, pero para muchos sectores continúan siendo abusivas.



Este tributo añadido que recae sobre los ciudadanos de clase media afecta, según datos del propio ministerio, al 17% del total de 8,3 millones de asuntos judiciales que se gestionan en España cada año, si bien la oposición asegura que el porcentaje es mucho mayor. Las tasas se aplican al acudir a las jurisdicciones civil y administrativa, así como en sus distintos recursos, casaciones, etc. El desembolso medio oscila entre los 300 por una denuncia y los 800 euros por un recurso.

La letrada y profesora de Derecho Civil Verónica Del Carpio encabeza la lucha de la abogacía contra unas tasas que vulneran el principio de "tutela judicial efectiva". Del Carpio asegura que en este tiempo el Gobierno no ha conseguido los fines recaudatorios que planeó con la nueva ley, pero sí la disuasión de los ciudadanos a la hora de reclamar justicia. Sus estadísticas hablan de un 25-30% menos de apelaciones civiles, de media, el año pasado.

Desde la abogacía se solicita que, al menos lo recaudado con las tasas, sirva para costear la asistencia jurídica gratuita. El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este otoño en su toma de posesión que se ampliará el número de beneficiarios de justicia gratuita y que en el proyecto de ley que comenzará pronto a debatirse en el Senado se introducirán enmiendas de mejora para que "nadie se quede sin ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de recursos".

5. Violencia machista: En lo que va de año al menos 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Un tercio de ellas había presentado denuncia previa por malos tratos. La mayoría solo tenía detectado riesgo bajo en el protocolo policial. Cuando se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de protección integral contra la violencia de género, el Gobierno se ha propuesto analizar los puntos débiles de la respuesta ante esta violencia machista, pero la aplicación de los cambios no va todo lo rápida que pudiera. De hecho, se anunció un nuevo protocolo de medición de riesgos en abril, que aún no está efectivo. También se dijo que se implementaría la justicia gratuita y la asesoría previa en las comisarías y juzgados para evitar la retirada de las denuncias y que las mujeres no declarasen en los procedimientos. Algo que todavía tampoco está en marcha.

La semana pasada, el observatorio del CGPJ para la violencia contra las mujeres lanzó nueve propuestas para frenar esta lacra, entre las que se incluyen más información a las denunciantes, mejor formación en los juzgados, así como el fin de los atenuantes por confesión a los maltratadores. Una de las preocupaciones mayores es el hecho de que muchas mujeres maltratadas regresan a vivir con su agresor, en muchos casos por los hijos, ante la falta de recursos económicos. La oposición y las asociaciones de mujeres denuncian el descenso de las ayudas económicas a los programas destinados a mujeres víctimas de la violencia machista.

Con motivo del día internacional contra la violencia machista, una víctima explicó a 20minutos las mejoras que ella echa en falta. Carmen pidió que se pudiera ampliar la primera declaración en sede policial o judicial, ya que una mujer en estado de estrés no puede dar toda la información necesaria para un juicio justo, así como mayor formación en violencia psicológica a los jueces y medidas más eficaces en la protección de las mujeres cuyos agresores se han saltado las órdenes de alejamiento o incomunicación.

6. Exclusión sanitaria de los inmigrantes: El real decreto de los recortes sanitarios de abril de 2012 rompió las tarjetas sanitarias de 873.000 inmigrantes en España, que desde ese día se quedaron sin asistencia universal. Los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes llevan dos años tachando la medida de "injusta", "ineficaz" e "insegura".

Esta año varias ONG han denunciado que España "ha incumplido las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que pedían la reforma del real decreto y recordaban que el Estado español tiene obligaciones legales en materia del derecho a la salud, también con respecto a las personas migrantes en situación administrativa irregular". La Red Acoge ha lanzado este otoño una campaña con mucho impacto sobre la retirada de las tarjetas sanitarias, bajo el título ¿Cuándo hemos dejado de ser humanos?

El decreto solo permite la asistencia de menores, mujeres en el embarazo y parto, urgencias y víctimas de tratas que hayan denunciado. Además de los casos generales de inmigrantes con enfermedades crónicas, ONG como Amnistía Internacional denuncian que la falta de asistencia sanitaria universal deja desprotegidas a muchas mujeres inmigrantes víctimas de malos tratos o de trata de personas que no hayan dado el paso a denunciar. "La atención primaria es el lugar en el que se detectan estos abusos, pero ellas tienen el acceso restringido", señala Marta Mendiola, de AI.

7. Protestas 'amordazadas': La Ley de Seguridad Ciudadana ha comenzado su andadura parlamentaria, con fuerte rechazo de toda la oposición, así como de las ONG que defienden los derechos humanos. La nueva versión de la ley, que suavizó ya el Gobierno, pretende legalizar las devoluciones en caliente en la valla de Melilla. Además, contempla varios supuestos en los que se autoriza la disolución de manifestaciones. Por este motivo, muchas voces la califican de 'ley mordaza'. El PP ha registrado varias propuestas para "endurecer" la ley, como permitir a los agentes identificar a personas que oculten parcialmente su rostro, y no solo totalmente; multar con hasta 600 euros el 'top manta' o ampliar la consideración de los insultos a los policías como infracción leve en cualquier ámbito de actuación de estos y no solo en manifestaciones.

Por su parte, la oposición quiere eliminar en la lista de infracciones cuestiones como los escraches, el botellón, las cundas —vehículos que trasladan a toxicómanos a los poblados de la droga—, la solicitud de servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, las pintadas en mobiliario urbano y fachadas o la escalada de edificios.

También el Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha interesado por esta ley. El Gobierno deberá responder a una serie de preguntas enviadas en relación a cómo afecta al "derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión". En este mismo sentido ha pedido inofrmación sobre los informes que varias ONG presentaron recientemente sobre la actuación policial en manifestaciones ocurridas en los últimos años en la Plaza de Cataluña (Barcelona) y en la estación de Atocha (en Madrid).

8. Crímenes del franquismo: Hace un año una delegación española defendió ante la ONU en Ginebra que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico del país la investigación penal de crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo por tratarse de delitos ya prescritos, que además quedaron absueltos por la Ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU contestó que la prescripción de los delitos sólo se produce en el momento en que "la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad", y pidió al Estado español garantizar que así se cumpla.

Sin embargo, en las cunetas, en los bosques, junto a las tapias de los cementerios. En agujeros, enterrados como se da sepultura a los animales, hay todavía más de 100.000 civiles republicanos desaparecidos tras ser asesinados en la Guerra Civil y el franquismo. Cuando se acaban de cumplir 75 años del final de la contienda (el pasado 1 de abril), las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica denuncian que desde que tomó posesión el Gobierno de Rajoy no se ha concedido ni una sola subvención a la exhumación de fosas comunes.

9. Discriminación racial: El viernes 5 de diciembre SOS Racismo presentó su último informe anual, con datos de 2013, en el que la ONG recibió 397 denuncias por racismo y discriminación, destacando tres ámbitos: el racismo institucional, la denegación en el acceso servicios públicos y privados (acceso a locales de ocio, sanidad, educación, vivienda) y los abusos de las fuerzas de seguridad del estado y seguridad privada.

"Las denuncias recogidas son una muestra del racismo y la discriminación y no pueden interpretarse como una estadística completa. Según informes europeos entre 60-80% de los casos de discriminación no se denuncian. En consecuencia seguimos sin saber cuál es la fotografía real de la discriminación en este país" denunciaba la ONG, que reclama la necesidad de contar con una ley contra la discriminación que sirva para luchar de manera efectiva contra los delitos de odio.

A petición de la ONU, el Gobierno tendrá también que responder en breve al comité de derechos humanos sobre "l impacto de los recortes presupuestarios en las políticas de lucha contra la xenofobia, las iniciativas adoptadas para luchar contra la discriminación de migrantes y minorías étnicas y las medidas tomadas para fortalecer el Foro para la Integración Social de los inmigrantes".

10. Abusos y torturas policiales: Este año se conmemora el 30 aniversario de la firma de la convención de la Tortura, y todavía son muchos los sectores jurídicos y civiles que denuncian que en España se producen abusos en los espacios de detención (comisarías, cuarteles, juzgados o prisiones). La Fundación Abogacía Española celebra esta semana unas jornadas sobre el tema, en las que presentará una guía para que los abogados sepan detectar y denunciar abusos policiales y torturas.

Medio centenar de asociaciones, unidas en la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura, presentaron el mes pasado un informe sobre los últimos diez años, en el que destacaban las 6.621 denuncias de abusos y torturas registradas en todo el país. Su portavoz, Jorge del Cura, asegura que los inmigrantes y los miembros de movimientos sociales son los que más denuncian estas prácticas, pero no los únicos que las sufren.

Para Del Cura, en España no hay tortura sistemática como la hubo hasta los 90 (torturas clásicas con prácticas como la bolsa, la bañera o los electrodos), sino 'tortura blanca' o psicológica, que no deja marchas de sangre pero sí humillaciones,amenazas, puñetazos sin huella o insultos. En su opinión "la sensación es que en España aumenta la violencia institucional, pero también el miedo a denunciar". Amparado por los dictámenes de las organizaciones internacionales y por sus propios datos, del Cura dice que los abusos policiales en España "no son excepcionales, sino generalizados, porque al año no hay una o dos denuncias, sino 252, y no afectan a un solo colectivo policial, sino a todos los funcionarios de todas las policías del Estado, incluidos los Centros de Internamiento de Extranjeros y las prisiones".

Amnistía Internacional (AI) aseguraba este martes que la tortura no es sistemática en España, pero es "persistente" y sigue siendo un problema. "En España la tortura sigue siendo un problema y el problema es que no se reconoce como problema", ha enfatizado el director de AI, Esteban Beltrán, con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos.

https://www.20minutos.es/noticia/231887 ... os/espana/


Ya ves que lejos de leerselo les importa una mierda el como se ve a Españistán fuera de las fronteras peninsulares.

La represión y la sodomía son emblema nacional.
Bien gorditos se van a hibernar los reyes de la montaña. ¡Hasta Mayo amigos!

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avr
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Re: Ley Represora.

Mensajepor avr » 14 Jun 2018, 21:50

Observador escribió:Joder ya se ha chutao el Koldete, no puedo dejarle solo.

Esos organismo no dicen nada de Nicaragua 154 muertos van ya por la represión de las protestas opositoras y ahora sales tu con estas :lol: :lol: :lol:


El KAGARRURA está chutao las 24 horas y tiene a una buena porrera que le asesora...... :lol: :lol: :lol: :lol:
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Julio Parra
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Re: Ley Represora.

Mensajepor Julio Parra » 14 Jun 2018, 22:41

Ya están los miserables que ODIAN a ESpaña y quieren su destrucción trayendo MIERDA y apoyandose mutuamente.

¿Por qué no os largais a Venezuela que allí no pasa nada de eso?

Allí solo se ASESINA a los opositores y la gente no tiene ni asistencia médica ni comida que llevarse a la boca, pero creo que es un paraíso adecuado para gentuza como vosotros.

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AnxelKoldo
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Re: Ley Represora.

Mensajepor AnxelKoldo » 14 Jun 2018, 22:50

Loma escribió:
AnxelKoldo escribió:Derechos Humanos.

Los organismos internacionales, UE y ONU, y las ONG ponen el foco en España sobre las diez áreas grises en las que se vulneran derechos fundamentales.


1. Frontera Sur: Hace menos de un mes el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a España explicaciones sobre la devolución sumaria de inmigrantes en Ceuta y Melilla, la muerte de 15 personas frente a la playa ceutí de El Tarajal, la violencia policial en la represión de los saltos en las vallas fronterizas y las denuncias de malos tratos a inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), entre otras cuestiones.

Así lo recoge el listado del Comité, un documento que enumera las cuestiones sobre las que España deberá informar a la ONU de cara al VI Examen Periódico del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tendrá lugar en 2015. El Comité solicita al Gobierno que, previamente y por escrito, comente la información "que da cuenta de abusos cometidos en el procedimiento de expulsión de extranjeros, en particular desde Ceuta y Melilla, y que muchas de las expulsiones ocurridas no cumplen con el procedimiento migratorio vigente en el Estado".

Otro organismo internacional, la UE también pidió recientemente información a las autoridades españolas por la violencia empleada por los agentes de la Guardia Civil española contra varios inmigrantes que el pasado día 15 de septiembre intentaron saltar la valla a Melilla, tras ver las imágenes difundidas por una ONG en la que se ve cómo varios agentes golpean a uno de los migrantes y es devuelto en volandas a Marruecos. Y con posterioridad, el nuevo comisario de Inmigración, el conservador griego Dimitris Avramopoulos, avisó en noviembre ante el pleno de la Eurocámara de que la legalización de las devoluciones en caliente que prepara el Gobierno de Rajoy podría vulnerar la legislación de la UE. Avramopoulos expresó además su "preocupación" por las noticias sobre "expulsiones sumarias" y el uso de violencia contra los inmigrantes en Ceuta y Melilla.

2. Desahucios: Mientras el derecho a la vivienda está garantizado en el artículo 47 de la Constitución Europea, solo en el primer semestre de 2014 el número total de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue de 21.178, lo que supone el 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su informe añade que se practicaron 18.749 desahucios, un 3,7% más que en el primer semestre de 2013, y más de la mitad (un 53,8%) se debieron a impagos por el alquiler. Desde la plataforma Stop Desahucios, que calculan con datos del Banco de España en 26.500 las familias que se quedaron sin casa en el primer semestre del año, lamentan que "la emergencia habitacional, lejos de disminuir está aumentando" en España.


El más mediático de los desahucios este semestre ha sido el de Carmen, la anciana de Vallecas desahuciada en noviembre por avalar a su hijo, que había solicitado 70.000 euros a un prestamista particular. Como el hijo no pudo devolver esta cantidad, el prestamista se quedó con la casa y la subastó. Entonces, el nuevo propietario quiso disponer de la misma y acudió a la Justicia. La anciana, que lleva varias décadas viviendo en la casa, cobra la pensión mínima y tiene varios problemas de salud. A pesar de ello, y tras una prórroga de un mes, el juez firmó la ejecución de dicho desahucio. Su caso desató una ola de ayudas de la sociedad civil. El equipo de fútbol local, el Rayo Vallecano, recaudó recientemente 15.000 euros para ayudar a Carmen. El Ayuntamiento de Madrid prometió, asimismo, acelerar los trámites para alojar a esta mujer de 85 años.

3. Pobreza infantil: El presidente del comité español de Unicef, Carmelo Angulo, alertaba a mediados de año de que "la pobreza en España tiene rostro de niño" y que "en la pobreza infantil está el germen de una sociedad mas desigual" y un sistema menos sostenible. A partir de los datos del informe bianual sobre la situación de la infancia en España que presentó Unicef en junio, Angulo ha señalado que la pobreza infantil es "más elevada, intensa y extensa" que la de otras franjas de edad y que en los países del entorno.

Angulo puso énfasis en que este informe revela que un total de 2.306.000 niños viven en España bajo el umbral de la pobreza (27,5%), y, además, los hogares con hijos son más pobres por lo que "las familias grandes están penalizadas". Por eso, ha reclamado, ahora que se está hablando de inicios de recuperación económica que se aborde un pacto de Estado por la infancia. Otras ONG como Save The Children aumentan a 2,8 millones de niños los que viven en dificultades económicas graves en España.

4. Tasas judiciales y Justicia Gratuita: La ley de tasas fue aprobada hace dos años solo con los votos del Partido Popular y contó con el rechazo de toda la oposición parlamentaria, además del repudio de la mayoría de los actores jurídicos por entender que la norma consagraba el "modelo mercantilista" de la Justicia. Unos meses después el ministro de Justicia, entonces Alberto Ruiz Gallardón, accedió a recurrir algunas de estas tasas, a petición de la Defensora del Pueblo, pero para muchos sectores continúan siendo abusivas.



Este tributo añadido que recae sobre los ciudadanos de clase media afecta, según datos del propio ministerio, al 17% del total de 8,3 millones de asuntos judiciales que se gestionan en España cada año, si bien la oposición asegura que el porcentaje es mucho mayor. Las tasas se aplican al acudir a las jurisdicciones civil y administrativa, así como en sus distintos recursos, casaciones, etc. El desembolso medio oscila entre los 300 por una denuncia y los 800 euros por un recurso.

La letrada y profesora de Derecho Civil Verónica Del Carpio encabeza la lucha de la abogacía contra unas tasas que vulneran el principio de "tutela judicial efectiva". Del Carpio asegura que en este tiempo el Gobierno no ha conseguido los fines recaudatorios que planeó con la nueva ley, pero sí la disuasión de los ciudadanos a la hora de reclamar justicia. Sus estadísticas hablan de un 25-30% menos de apelaciones civiles, de media, el año pasado.

Desde la abogacía se solicita que, al menos lo recaudado con las tasas, sirva para costear la asistencia jurídica gratuita. El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este otoño en su toma de posesión que se ampliará el número de beneficiarios de justicia gratuita y que en el proyecto de ley que comenzará pronto a debatirse en el Senado se introducirán enmiendas de mejora para que "nadie se quede sin ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de recursos".

5. Violencia machista: En lo que va de año al menos 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Un tercio de ellas había presentado denuncia previa por malos tratos. La mayoría solo tenía detectado riesgo bajo en el protocolo policial. Cuando se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de protección integral contra la violencia de género, el Gobierno se ha propuesto analizar los puntos débiles de la respuesta ante esta violencia machista, pero la aplicación de los cambios no va todo lo rápida que pudiera. De hecho, se anunció un nuevo protocolo de medición de riesgos en abril, que aún no está efectivo. También se dijo que se implementaría la justicia gratuita y la asesoría previa en las comisarías y juzgados para evitar la retirada de las denuncias y que las mujeres no declarasen en los procedimientos. Algo que todavía tampoco está en marcha.

La semana pasada, el observatorio del CGPJ para la violencia contra las mujeres lanzó nueve propuestas para frenar esta lacra, entre las que se incluyen más información a las denunciantes, mejor formación en los juzgados, así como el fin de los atenuantes por confesión a los maltratadores. Una de las preocupaciones mayores es el hecho de que muchas mujeres maltratadas regresan a vivir con su agresor, en muchos casos por los hijos, ante la falta de recursos económicos. La oposición y las asociaciones de mujeres denuncian el descenso de las ayudas económicas a los programas destinados a mujeres víctimas de la violencia machista.

Con motivo del día internacional contra la violencia machista, una víctima explicó a 20minutos las mejoras que ella echa en falta. Carmen pidió que se pudiera ampliar la primera declaración en sede policial o judicial, ya que una mujer en estado de estrés no puede dar toda la información necesaria para un juicio justo, así como mayor formación en violencia psicológica a los jueces y medidas más eficaces en la protección de las mujeres cuyos agresores se han saltado las órdenes de alejamiento o incomunicación.

6. Exclusión sanitaria de los inmigrantes: El real decreto de los recortes sanitarios de abril de 2012 rompió las tarjetas sanitarias de 873.000 inmigrantes en España, que desde ese día se quedaron sin asistencia universal. Los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes llevan dos años tachando la medida de "injusta", "ineficaz" e "insegura".

Esta año varias ONG han denunciado que España "ha incumplido las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que pedían la reforma del real decreto y recordaban que el Estado español tiene obligaciones legales en materia del derecho a la salud, también con respecto a las personas migrantes en situación administrativa irregular". La Red Acoge ha lanzado este otoño una campaña con mucho impacto sobre la retirada de las tarjetas sanitarias, bajo el título ¿Cuándo hemos dejado de ser humanos?

El decreto solo permite la asistencia de menores, mujeres en el embarazo y parto, urgencias y víctimas de tratas que hayan denunciado. Además de los casos generales de inmigrantes con enfermedades crónicas, ONG como Amnistía Internacional denuncian que la falta de asistencia sanitaria universal deja desprotegidas a muchas mujeres inmigrantes víctimas de malos tratos o de trata de personas que no hayan dado el paso a denunciar. "La atención primaria es el lugar en el que se detectan estos abusos, pero ellas tienen el acceso restringido", señala Marta Mendiola, de AI.

7. Protestas 'amordazadas': La Ley de Seguridad Ciudadana ha comenzado su andadura parlamentaria, con fuerte rechazo de toda la oposición, así como de las ONG que defienden los derechos humanos. La nueva versión de la ley, que suavizó ya el Gobierno, pretende legalizar las devoluciones en caliente en la valla de Melilla. Además, contempla varios supuestos en los que se autoriza la disolución de manifestaciones. Por este motivo, muchas voces la califican de 'ley mordaza'. El PP ha registrado varias propuestas para "endurecer" la ley, como permitir a los agentes identificar a personas que oculten parcialmente su rostro, y no solo totalmente; multar con hasta 600 euros el 'top manta' o ampliar la consideración de los insultos a los policías como infracción leve en cualquier ámbito de actuación de estos y no solo en manifestaciones.

Por su parte, la oposición quiere eliminar en la lista de infracciones cuestiones como los escraches, el botellón, las cundas —vehículos que trasladan a toxicómanos a los poblados de la droga—, la solicitud de servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, las pintadas en mobiliario urbano y fachadas o la escalada de edificios.

También el Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha interesado por esta ley. El Gobierno deberá responder a una serie de preguntas enviadas en relación a cómo afecta al "derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión". En este mismo sentido ha pedido inofrmación sobre los informes que varias ONG presentaron recientemente sobre la actuación policial en manifestaciones ocurridas en los últimos años en la Plaza de Cataluña (Barcelona) y en la estación de Atocha (en Madrid).

8. Crímenes del franquismo: Hace un año una delegación española defendió ante la ONU en Ginebra que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico del país la investigación penal de crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo por tratarse de delitos ya prescritos, que además quedaron absueltos por la Ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU contestó que la prescripción de los delitos sólo se produce en el momento en que "la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad", y pidió al Estado español garantizar que así se cumpla.

Sin embargo, en las cunetas, en los bosques, junto a las tapias de los cementerios. En agujeros, enterrados como se da sepultura a los animales, hay todavía más de 100.000 civiles republicanos desaparecidos tras ser asesinados en la Guerra Civil y el franquismo. Cuando se acaban de cumplir 75 años del final de la contienda (el pasado 1 de abril), las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica denuncian que desde que tomó posesión el Gobierno de Rajoy no se ha concedido ni una sola subvención a la exhumación de fosas comunes.

9. Discriminación racial: El viernes 5 de diciembre SOS Racismo presentó su último informe anual, con datos de 2013, en el que la ONG recibió 397 denuncias por racismo y discriminación, destacando tres ámbitos: el racismo institucional, la denegación en el acceso servicios públicos y privados (acceso a locales de ocio, sanidad, educación, vivienda) y los abusos de las fuerzas de seguridad del estado y seguridad privada.

"Las denuncias recogidas son una muestra del racismo y la discriminación y no pueden interpretarse como una estadística completa. Según informes europeos entre 60-80% de los casos de discriminación no se denuncian. En consecuencia seguimos sin saber cuál es la fotografía real de la discriminación en este país" denunciaba la ONG, que reclama la necesidad de contar con una ley contra la discriminación que sirva para luchar de manera efectiva contra los delitos de odio.

A petición de la ONU, el Gobierno tendrá también que responder en breve al comité de derechos humanos sobre "l impacto de los recortes presupuestarios en las políticas de lucha contra la xenofobia, las iniciativas adoptadas para luchar contra la discriminación de migrantes y minorías étnicas y las medidas tomadas para fortalecer el Foro para la Integración Social de los inmigrantes".

10. Abusos y torturas policiales: Este año se conmemora el 30 aniversario de la firma de la convención de la Tortura, y todavía son muchos los sectores jurídicos y civiles que denuncian que en España se producen abusos en los espacios de detención (comisarías, cuarteles, juzgados o prisiones). La Fundación Abogacía Española celebra esta semana unas jornadas sobre el tema, en las que presentará una guía para que los abogados sepan detectar y denunciar abusos policiales y torturas.

Medio centenar de asociaciones, unidas en la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura, presentaron el mes pasado un informe sobre los últimos diez años, en el que destacaban las 6.621 denuncias de abusos y torturas registradas en todo el país. Su portavoz, Jorge del Cura, asegura que los inmigrantes y los miembros de movimientos sociales son los que más denuncian estas prácticas, pero no los únicos que las sufren.

Para Del Cura, en España no hay tortura sistemática como la hubo hasta los 90 (torturas clásicas con prácticas como la bolsa, la bañera o los electrodos), sino 'tortura blanca' o psicológica, que no deja marchas de sangre pero sí humillaciones,amenazas, puñetazos sin huella o insultos. En su opinión "la sensación es que en España aumenta la violencia institucional, pero también el miedo a denunciar". Amparado por los dictámenes de las organizaciones internacionales y por sus propios datos, del Cura dice que los abusos policiales en España "no son excepcionales, sino generalizados, porque al año no hay una o dos denuncias, sino 252, y no afectan a un solo colectivo policial, sino a todos los funcionarios de todas las policías del Estado, incluidos los Centros de Internamiento de Extranjeros y las prisiones".

Amnistía Internacional (AI) aseguraba este martes que la tortura no es sistemática en España, pero es "persistente" y sigue siendo un problema. "En España la tortura sigue siendo un problema y el problema es que no se reconoce como problema", ha enfatizado el director de AI, Esteban Beltrán, con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos.

https://www.20minutos.es/noticia/231887 ... os/espana/


Ya ves que lejos de leerselo les importa una mierda el como se ve a Españistán fuera de las fronteras peninsulares.

La represión y la sodomía son emblema nacional.



A la derechusma solo les interesa Venezuela, no disponen de más ideales que vender. Nunca hablan de Portugal.

Con la mierda que les sale por las orejas solo pueden atacar a Podemos o preocuparse de los venezolanos.

Es lo que hay.
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Isidoro
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Re: Ley Represora.

Mensajepor Isidoro » 14 Jun 2018, 22:58

No les interesa la tortura. Lo único que pretenden con esa innoble propaganda es ridiculizar a las fuerzas policiales de estado.

El sueño de todo sinverguenza es lo que sematerializó con motivo del 1-O en Cataluña, fecha en la que los Mossos no cumplieron con la obediencia debida permitiendo un referendum ilegal. O sea, que fueron delincuentes por consentimiento.

Por eso sus mandos deben ser procesados y enviados a presidio, a la que el cuerpo de los Mossos debe ser disuelto para siempre.
Mientras otros se baten y mueren, Cataluña hace política.”
Manuel Azaña

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AnxelKoldo
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Re: Ley Represora.

Mensajepor AnxelKoldo » 14 Jun 2018, 23:03

Los catalanes y vascos necesitan un referéndum, antes o después lo conseguirán.

El estado español y la unidad política que defiende son un fracaso político.

Es lo que hay.
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avr
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Re: Ley Represora.

Mensajepor avr » 15 Jun 2018, 00:01

AnxelKoldo escribió:Los catalanes y vascos necesitan un referéndum, antes o después lo conseguirán.

El estado español y la unidad política que defiende son un fracaso político.

Es lo que hay.

Tú si que eres un fracasao social y te tenemos que aguantar KAGARRUTA.... :lol: :lol:
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AnxelKoldo
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Re: Ley Represora.

Mensajepor AnxelKoldo » 15 Jun 2018, 00:02

AnxelKoldo escribió:Los catalanes y vascos necesitan un referéndum, antes o después lo conseguirán.

El estado español y la unidad política que defiende son un fracaso político
.

Es lo que hay.
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francmar
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Re: Ley Represora.

Mensajepor francmar » 15 Jun 2018, 00:43

Belcebu escribió:
¿ Las galanterias y piropos, que persiguen, que buscan, que finalidad tiene, si no es dar satisfacción a la libido de los que los sueltan. Son machistas y solo tienen una finalidad, la sexual.
?

Belcebu escribió:
Bella y pura doncella llamada Loma.

:lol:

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Loma
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Re: Ley Represora.

Mensajepor Loma » 15 Jun 2018, 08:30

Julio Parra escribió:Ya están los miserables que ODIAN a ESpaña y quieren su destrucción trayendo MIERDA y apoyandose mutuamente.

¿Por qué no os largais a Venezuela que allí no pasa nada de eso?

Allí solo se ASESINA a los opositores y la gente no tiene ni asistencia médica ni comida que llevarse a la boca, pero creo que es un paraíso adecuado para gentuza como vosotros.


Mari parri, para destruir un país os bastáis y os sobráis vosotros solos.

Los sueldos mas bajos de la UE, el 23% de pobreza infantil, condena tras condena por represión, impuestos al sol, al agua, al viento al personal por circular por las calles, a la gasolina, al tabaco, al pan. Las tarifas mas altas de la UE en telefonía, electricidad, agua y alcantarillado hacen de este país una auténtica mierda para subsistir.

Eso sí los ricos y sus amnistias fiscales, su rebaja en impuestos, los 9 millones de ancianos pensionados frente a los 17 millones de empleados precarios y los 475.000 funcionarios para un país que no llega a los 48 millones de habitantes hacen de este país un paraíso infernal para sus ciudadanos.

No necesitáis de nadie, solitos destruis la península. Siempre lo hicisteis y así seguís sin capacidad alguna de evolucionar.
Bien gorditos se van a hibernar los reyes de la montaña. ¡Hasta Mayo amigos!

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avr
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Re: Ley Represora.

Mensajepor avr » 18 Jul 2018, 12:48

“El peor huracán del Caribe” .... :mrgreen: :mrgreen:
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Isidoro
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Re: Ley Represora.

Mensajepor Isidoro » 18 Jul 2018, 13:09

A la derechusma solo les interesa Venezuela, no disponen de más ideales que vender. Nunca hablan de Portugal.

Con la mierda que les sale por las orejas solo pueden atacar a Podemos o preocuparse de los venezolanos.


Ah, no. Venezuela es la patria en que se mira Podemos, IU y otras excrecencias. ¿Es que ahora ya no les interesa el hambre como estímulo, la obediencia al lider como virtud, el puño cerrado como saludo, la revolución como consecución del futuro patrio?

Lo que os preocupa es que Venezuela ya no es ni la promesa de la redención de los humildes, sino el fracaso de los revolucionarios de pacotilla, como son estos dos que señala la flecha.
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Mientras otros se baten y mueren, Cataluña hace política.”
Manuel Azaña


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