EL (mal llamado) PAIS VASCO, NUNCA FUE NACION.

cuidadin
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EL (mal llamado) PAIS VASCO, NUNCA FUE NACION.

Mensajepor cuidadin » 09 Ago 2007, 11:55

Día a día se nos acumulan nuevas pruebas de que son falsificaciones muy toscas de la historia lo que está en la raíz del más grave problema político de la actual democracia española. Resulta descorazonador. Mucho más que -tal y como van las cosas- un cuarto de siglo después de la configuración de un Estado autonómico, democrático y avanzado, que supera con gran ventaja “el mito de la fórmula federal” (Martín Oviedo) son también la causa lejana pero directa de que las corrientes del nacionalismo vasco, parido y amamantado por tales falsificaciones, mitos absurdos, ignorancia voluntaria y otras perversiones ideológicas que repugnan a la inteligencia y la más elemental sensibilidad, hayan llevado a la actual sociedad vasca a la insoportable situación que está viviendo y aun al horizonte de riesgo cierto de enfrentamiento civil profundo, mucho más grave que el que ya se está viviendo hace décadas, como empieza a entreverse en estos días.

Pero, si desde esas posiciones fanáticas se apela a la historia, vista a su modo, y se habla de “recuperar” la soberanía originaria de “los vascos”, de derechos históricos preconstitucionales que nadie ha sido capaz de definir como tales, el historiador no puede aceptar y guardar silencio ante mitos de identidades y peculiaridades de pueblos ab origine que resisten el paso de milenios, o de supuestas agresiones “extranjeras” contra mundos puramente imaginarios cuando no es eso lo que encuentra en sus fuentes de estudio. No puede sustraerse a su deber de sostener un combate dialéctico contra el irracionalismo ciego -y de una violencia cruel- de quienes se niegan a aceptar la realidad de los hechos demostrados, aun sabiendo que quizás es una causa perdida.

La falsificación burda de la Historia no es de ahora ni exclusiva del nacionalismo vasco. Pero sí es el País Vasco donde desgraciadamente se derrama sangre vasca en nombre del puro desvarío de una doctrina cuyo fundador, desde su peculiar ultracatolicismo, predicaba el odio a lo español como instrumento de salvación moral y salvaguardia de la identidad del pueblo vasco. Es también la tierra española en la que las fabulaciones y la mitificación del pasado son más toscas y primarias, donde tienen menos asideros históricos mínimamente dignos de consideración. Quizás por ello mismo han generado y alimentado más fanatismo maniqueo y más violencia contra los propios vascos que se atreven a disentir de la doctrina oficial imperante; porque, si disienten, es que no son vascos.

Después de las tragedias nazi y stalinista, éste es un drama inexplicable en la avanzada Europa del s. XXI, sólo posible en lo que durante el franquismo se sentía como un “país de ficción”, soñado viviendo en libertad, y se ha convertido después en una triste y cruel “ficción de país”, en expresiones de G. Jaúregui, porque la libertad de los individuos de vivir y hablar sin miedo sigue siendo un derecho inalcanzable bajo gobiernos nacionalistas, cuya prioridad no es impedir que se asesine a sus opositores democráticos, a sus conciudadanos, sino recuperar una supuesta soberanía antigua de “los vascos”. El tenebroso parecido de esta situación con la Alemania nazi está en la mente de muchos y ha sido explicada con rigor por Varela Ortega.

El mito de una Arcadia feliz en que habría vivido el “pueblo vasco” con plena identidad de tal, soberano y libre y bajo un régimen patriarcal y democrático es un absurdo histórico, pero alimenta hoy políticas letales. También lo son otros mitos más precisos sobre la época medieval referidos a que “los vascos” elegían libremente a su señor, o que pactaron su integración en la Corona de Castilla. Pero el problema más grave, que supera al historiador, es que tales mitos han adquirido en este caso “potencia homicida”, como ha escrito Martínez Gorriarán, y en su sentido estricto. Así ocurre cuando las distintas corrientes del nacionalismo vasco, sin distinción, pretenden que, si esa fabulosa Arcadia dejó de existir, se debió necesariamente a la agresión de fuera, a la ocupación militar de ese inexistente País Vasco de cuento de hadas por parte de esa “nación enteca y miserable” que era España para el orate Sabino Arana; o por los Estados español y francés, nada menos. En definitiva potencia homicida por caer en la fácil tentación de lo que el historiador británico J. Elliott, refiriéndose al nacionalismo catalán, denomina con acierto “visiones conspirativas de la historia”. Los nacionalistas necesitan sentirse víctimas inocentes de un enemigo exterior. Las realidades son más simples y menos malévolas.

No sólo nunca existió esa llamada Euskal Herría a caballo del Pirineo (la soñada “Siete en Uno” o Zazpiak Bat de Arana); tampoco un ente político ni siquiera administrativo “País Vasco” que englobara a las tres provincias vascongadas. Jamás ha existido un “pueblo vasco” democrático, de individuos libres e iguales. Jamás hasta que -al margen el abortado precedente de 1936-37- se ha desarrollado el Estatuto de Guernica, aprobado con entusiasmo por la sociedad vasca y emanado de la Constitución española de 1978.

Lo que el estudioso de la Historia Medieval constata desde un principio es que las nociones de fronteras son extremadamente lábiles y nada tienen que ver con nuestros conceptos modernos; que las mismas fronteras se alteran a compás de crisis sucesorias, circunstancias fortuitas, actos de fuerza de ida y vuelta y, muchas veces, por la conveniencia o el pragmatismo de la oligarquía de señores feudales que dominan las tierras; las vascas, en este caso. Nada cuentan supuestas fuerzas telúricas ni espíritu de pueblos, ni siquiera no menos supuestas homogeneidades étnicas o parentescos lingüísticos. Todo ello es particularmente claro en la conformación de los reinos y territorios en la España de aquellos tiempos y afecta al moderno País Vasco de manera seguramente más intensa que a otros territorios españoles. Las pruebas objetivas abundan.

En este escenario se advierte que, precisamente donde el Pirineo no es un obstáculo serio, los parentescos entre los montañeses caristios y várdulos (vascones) de la franja Nervión-Bidasoa y las gentes del otro lado, que ocupan tierras más abiertas y de contornos más indefinidos, no fueron un lazo bastante fuerte como para que puedan advertirse los rasgos de una comunidad medianamente formada siquiera.

Tras la conquista romana las tierras más o menos eusquéricas de la Galia quedaron englobadas en la provincia de Aquitania y las tribus de la zona ibérica en la Tarraconense de Hispania, adscritas al convento jurídico de Clunia, al sur de la actual provincia de Burgos. Incluso lo que luego fue Navarra, sólo parcialmente vascona también, tiene una suerte distinta porque quedaba incluida en el convento de Zaragoza. Lapurdum (Bayona), en tierra de los tarbelli, fue una ciudad romana fortificada precisamente para contener las incursiones de los montañeses del sur. Hoy sabemos muy bien que no sólo Álava y Navarra fueron tan intensamente romanizadas como otras zonas de España, como escribiera Caro Baroja, sino que las propias Vizcaya y Guipúzcoa lo fueron también mucho más de lo que se creía y los buscadores de peculiaridades identitarias se complacen en afirmar. Cohortes enteras de vascos hispanos combatieron bajo estandarte romano en Italia o Inglaterra. También es cierto que la pobreza y marginalidad de estas tierras facilitaron que sus gentes no se incorporaran en masa al modo de vida romano y mantuvieran su inestabilidad y su tendencia al bandolerismo y las incursiones violentas en zonas vecinas más ricas; pero su fama de irreductibles y belicosos no estaba para el historiador Lacarra del todo justificada.

Con la salvedad que señalaré, esa frontera pirenaica hasta la desembocadura del Bidasoa ha permanecido inalterada durante más de dos mil años, un caso verdaderamente excepcional en Europa. El Iparralde del absurdo irredentismo nacionalista de hoy nunca alcanzó a tener una identidad diferenciada dentro de Francia ni a establecer unos lazos particulares con nuestra zona vasca. Con otras muchas tierras formó parte del ducado de Gascuña (nombre que parece deberse a inmigrantes vascones peninsulares en el s. VI) inserto a su vez en el reino carolingio de Aquitania, que después y como un inmenso feudo y categoría de ducado estuvo en manos de la Monarquía de Inglaterra entre 1154-1204 y 1259-1453. Alfonso VIII de Castilla, soberano legítimo de las tres provincias vascas, intentó en 1204-05 hacerse con Gascuña porque era la dote de su esposa, Leonor de Inglaterra; no sólo fracasó ante la lejana Burdeos sino que también Bayona se le resistió con éxito.

Tan sólo en los inicios del s. XIII el rey navarro Sancho VII el Fuerte aprovechó hábilmente las circunstancias para obtener la sumisión de algunos señores ultrapirenaicos, con lo que se iniciaba el dominio formal y la integración de la luego llamada Merindad de Ultrapuertos (Baja Navarra) que permaneció en manos de la Monarquía de Pamplona y luego de la castellana y española hasta su cesión definitiva a Francia por Carlos I en 1529-30. Labourd-Lapurdi y Soule-Zuberoa no conocieron nunca una relación semejante con ningún dominio navarro o vasco hispano ni conformaron ninguna entidad común. Cuando la Asamblea Nacional de 1789, al comienzo de la gran Revolución Francesa, dividió el país en departamentos como medida fundamental para superar las rémoras históricas y los poderes de los grupos privilegiados de un Antiguo Régimen a enterrar, ambas comarcas, con la Baja Navarra (cuyos diputados sí protestaron tímidamente contra la medida) quedaron integradas en el Departamento de los Bajos Pirineos y ésa es la realidad que persiste hoy, más de dos siglos después. En ellas el vasquismo nacionalista apenas tiene un alcance puramente testimonial y -conviene mucho recordarlo- envidia sin complejos “una autonomía que es la más evolucionada de Europa”, como señalaba el vasco-francés Ximún Haranne en el Aberri Eguna de 1996. Y es que la historia española ha discurrido por caminos mucho más dúctiles y respetuosos con las tradiciones y personalidades de sus gentes y sus culturas minoritarias.

Pero, precisamente por ello, cabe preguntarse y debatir sin prejuicios sobre si no fue la actitud contemporizadora de la Monarquía con ciertas particularidades de las tierras vascas -entre otros motivos de fondo por su propia pobreza y marginalidad- la que ha contribuido a las posteriores fabulaciones, como ha ocurrido en Aragón o Cataluña. Gonzalo Martínez Díez ha estudiado, por ejemplo, cómo se sostuvo durante mucho tiempo que la cofradía alavesa de Arriaga (1258) era una “formación política independiente” y que, a partir de ahí, “se inventó un gobierno electivo e independiente para Álava ya desde el s. VIII”, falsedad que se aplicó también a Guipúzcoa.

La realidad es muy otra. Muy poco después de la invasión musulmana, de la que quedó libre de hecho la franja costera septentrional, nos encontramos a un Alfonso I de Asturias repoblando Las Encartaciones, hoy vizcaínas, o a un Alfonso II, hijo de una vasca, ayudando en 816 a sostenerse al naciente núcleo cristiano de Pamplona, que todavía tardará en englobar el NO. de la actual Navarra. Con la creciente seguridad, los montañeses vascones, de vida aún muy primitiva, descienden al llano y contribuyen a repoblar tierras de Burgos, Álava y Rioja, mezclándose allí con inmigrantes mozárabes del sur. En la zona Nervión-Bidasoa, algunas gentes más abiertas y, sobre todo, señores asturleoneses, parientes, vasallos y agentes de los reyes, van creando una “superestructura política” (Lacarra) y todo ello facilita su mayor integración en la zona de resistencia cristiana.

A partir de ahí se conocen bien las alternativas históricas que hacen que las tierras vascas, o sólo parte de ellas, queden englobadas bien en el reino de Castilla bien en el de Pamplona-Navarra, pero sin intervención de maléficas manos “antivascas”. Si en el s. X el primer conde de Castilla que se independiza de León es a la vez conde de Álava y de parte de la “tierra de los várdulos”, el asesinato en 1020 de su descendiente, el joven García, es lo que permite al cuñado de éste, Sancho III el Mayor de Pamplona (que parece que no fue del todo ajeno al hecho) apropiarse de una Castilla extendida a Cantabria y de todas las tierras vascas, colocando al señor aragonés García Aznar como tenente-gobernador de Guipúzcoa, nombre que aparece ahora, y a Íñigo López como primer conde o señor de Vizcaya. Sancho, un gran monarca por muchos motivos, se ha adueñado también de los condados del Pirineo central. Entonces empieza a llamarse “Emperador de España” y, según Maravall, se convierte en “el primer actualizador conocido, entre los reyes, de la idea de España”. Es el gran momento del reino medieval de Pamplona; suficiente para que ahora los nacionalistas quieran glorificarlo como padre del gran “estado vasco” que jamás existió. Ideología manda, historia pierde.

Esa situación dura cincuenta años y las tornas históricas cambian: en 1076 el asesinato por sus hermanos de Sancho IV en Peñalén altera el mapa de las Españas: una Navarra muy reducida, aunque con salida al mar, queda de hecho absorbida hasta 1134 por la pujante monarquía aragonesa, mientras las tierras vascas pasan de nuevo a Alfonso VI de Castilla-León, un reino ya muy extenso que ofrecía a los señores de tierras mejor abrigo y más posibilidades de desarrollo. Aún habrá dos cambios de fronteras del mismo tipo: crisis castellana y minoría de Alfonso VIII dan ocasión a Sancho VI, primer rey que se denomina “de Navarra”, de recuperar efímeramente Álava y el oeste de Guipúzcoa, en la que funda y da fuero a San Sebastián en 1180. En 1200 Alfonso VIII se desquita y rinde fácilmente Vitoria y, por los mismos motivos de conveniencia y pragmatismo, los numerosos tenentes de tierras vascas, empezando por el nuevo señor de Vizcaya, Diego López de Haro, le juran fidelidad, sin más acciones de fuerza. “La incorporación [a Castilla] más que obra de las armas lo fue de las negociaciones, pero no con las provincias, que no tenían entidades políticas o administrativas, sino con sus tenentes” (Martínez Díez).

De manera definitiva las “provincias vascongadas” quedaron integradas en la Corona de Castilla, mucho más rica y extensa que la de Aragón, con una pequeña Navarra encerrada entre ambas, y luego en la de España. El último episodio de interés que queda por recordar es el de la reintegración a la Corona, al realengo, del viejo señorío feudal de la Vizcaya nuclear en 1371-1379, detentado por vía hereditaria por el gran linaje castellano de los López de Haro. Las provincias eran auténticos mosaicos de tierras diferentes y ni siquiera tenían fijados sus límites. Valgan algunos ejemplos: Las Encartaciones, de tradición no vasca y después infrarepresentadas en las Juntas, se integraron en Vizcaya en un proceso que duró más de tres siglos. Las malas relaciones entre las gentes de ambas márgenes del Nervión han sido proverbiales y han llegado prácticamente hasta nuestro tiempo. Los Reyes Católicos adscribieron los valles de Llodio y Aramayona a petición de sus vecinos a Álava a fines del s. XV, mientras los del valle de Orozco, con frecuencia enfrentados a sus señores feudales, los Ayala, pasaron a Vizcaya sólo en 1785. Otro caso muy revelador de que los límites del moderno País Vasco dependían de unos u otros grupos de presión y no de esencias identitarias de un “pueblo”: Castro Urdiales, ligada ocasionalmente a la hermandad que luchaba contra los nobles banderizos en el s. XV, ofreció en 1738 140.000 escudos para integrarse en el régimen privilegiado vizcaíno y los burgueses de Bilbao, temiendo la competencia del puerto castreño, lo impidieron. A fines del s. XVIII Vizcaya y Guipúzcoa eran las dos únicas provincias españolas pertenecientes por entero al realengo.

Fue sobre todo el impulso de la Monarquía el que aceleró el proceso de fundación de villas en los s. XIII-XIV, muy tardío en comparación con el resto de España (¡Bilbao no nace hasta 1300!). No sólo para fijar una población muy escasa, dispersa y atrasada, sino también para que fueran el contrapeso del poder de los señores de la tierra. Algunas se concentraron en la eterna zona de fricción entre Guipúzcoa y Vizcaya; a la inmensa mayoría de ellas se les dió el fuero castellano de Logroño de 1095, al tiempo que seguían vigentes en las áreas rurales las costumbres antiguas, un derecho consuetudinario de tradición oral, cada vez más arcaico, por razones obvias, impermeable a la modernización y tecnificación tan convenientes, y también los ordenamientos de tipo señorial. No está de más recordar cómo, por ejemplo, las gentes de las Tierras de Ayala pidieron a los Reyes Católicos que se pudieran regir por el Fuero Real y las leyes de las Cortes de Castilla. Mosaico y localismo jurídicos, pues, que también conocieron aragoneses, valencianos o catalanes.

La Monarquía vasca (y este concepto es enteramente correcto) o castellano-leonesa, si así se prefiere, respetó esta pluralidad de ordenamientos hasta mucho más allá de lo que convenía a las capas más modestas de la población. Fomentó también la constitución de hermandades de villas para que, como en otras partes de Castilla o en Aragón, pudieran defenderse de las violencias y banderías de la soberbia nobleza rural. Con el tiempo, tales hermandades pidieron y obtuvieron de sus reyes que se pusieran por escrito unas Ordenanzas propias, de fuerte sabor consuetudinario: “las dichas franquezas e libertades, usos e costumbres e fuero e albedrío”, como se lee en la petición de las Juntas de Guernica de 1452. El texto se convirtió en el Fuero de Vizcaya; Guipúzcoa ya tenía su redacción desde 1397 y Álava la obtuvo en 1458, siempre mediando la aprobación real. También y en relación con todo ello existió el cargo de Juez Mayor de Vizcaya para juzgar los pleitos de alcance público según el ordenamiento tradicional, que pronto se integró en la Chancillería de Valladolid como presidente de la llamada Sala de Vizcaya.

Y sobre el funcionamiento de las hermandades acabó configurándose un particular órgano político-administrativo con el beneplácito de la Corona: las Juntas Generales de Ciudades y Villas, que vinieron a remarcar la individualización de cada una de las provincias. Nunca fueron soberanas en ningún aspecto -es absurdo suponer lo contrario- y estaban dirigidas por el corregidor real, sin cuya autorización poco podía hacerse. Pero los monarcas aceptaron irles cediendo cierta autonomía de facto, acompañada de las consabidas exenciones fiscales (el nivel económico y de desarrollo seguía siendo muy bajo) reglamentarias y de propuesta normativa. Tal autonomía vigilada, que también tenían otras instancias en la época, en España y fuera de ella, ha servido para la absurda mitificación acrítica posterior. Pero nada tenía que ver con lo que se entiende hoy por autogobierno en democracia, ni siquiera igualitarismo, libertades generales ni beneficio para las capas sociales modestas, para el “pueblo”.

El control de las Juntas acabó quedando, naturalmente, en manos de una oligarquía autóctona reducida y para ser diputado en las Juntas había que tener determinada renta (ser “millarista”) y fueron las propias Juntas de Vizcaya o de Guipúzcoa, no el poder público de la Monarquía, las que impusieron también la condición de saber leer y escribir en castellano, incluso para ocupar puestos en los concejos (Ruiz Hospital, Soria Sesé). Personalidad tan poco sospechosa como el P. Larramendi escribía siglos atrás: “Además que estos junteros perpetuos de las villas de mayor autoridad, como dueños del terreno, quieren ser oráculos, desprecian dictámenes inferiores, arredran con su orgullo a los demás junteros y disponen despóticamente de las determinaciones de la Junta”.

Ni siquiera el hecho de tener un mismo aparato institucional y disfrutar de un régimen privilegiado en el seno de la Monarquía española sirvió para crear lazos de comunidad “vasca” entre las respectivas Juntas provinciales. Al contrario, los roces abundan a lo largo del tiempo: en 1686 las Juntas de Guipúzcoa decidieron levantar una fuerza armada para ir contra Vizcaya por la rotunda negativa a venderles hierro para sus talleres. Los conflictos entre Guipúzcoa y Navarra fueron continuos, como recoge el prenacionalista Arturo Campión. Esa realidad es tan palmaria que el visionario Sabino Arana, nacionalista sólo “vizcaíno” durante años, veía a la pequeña Vizcaya por sí sola como una confederación de “estados libres” y a las otras provincias como otros ”estados” o “naciones hermanas”, en cuya suerte no cabía inmiscuirse, antes de proponer una “confederación vasca” y transformar su doctrina en un nacionalismo irredentista profundamente agresivo.

La integración de las provincias, con sus instituciones oligárquicas privilegiadas en el seno de la Monarquía española moderna fue natural y plena, sin roces peculiares más allá de lo que la relación entre gobernante y grupos tradicionales de poder generaron en todos los reinos de la época, incluso más que en las Vascongadas. Que toda una pléyade de marinos y conquistadores vascos -con actuaciones de tantas luces y sombras como las de los demás españoles- se incorporaran con entusiasmo a la empresa de América, hoy literalmente regada de topónimos vascongados, es un hecho no por sabido y tópico menos significativo. Más trascendente es que incluso en la corte madrileña de los Austrias otra pléyade de vascos hiciera carrera y, sobre todo, que a lo largo de siglo y medio casi el 22 por ciento de los Secretarios reales, incluidos seis Secretarios de Estado, fueran igualmente vascos (Escudero).

Que en esta tierra, a comienzos del s. XXI y en una democracia de autogobieno muy avanzado se añoren los tiempos de supuesta “soberanía compartida” de las elitistas Juntas; que también pidan “recuperarla” los nacionalistas catalanes que imaginan que antes de 1715 una Generalidad de la que sólo 24-26 personas podían aspirar a formar parte encarnaba las libertades y ”soberanía de Cataluña” produce algo más que perplejidad en el estudioso de la historia por el primitivismo ideológico y la estolidez de algunos políticos; algo más que zozobra por la irresponsabilidad con que engañan hoy, desde la escuela, a gran parte de la sociedad, se empuja a algunos al asesinato “político” y se arriesga un sistema de convivencia respetuosa hasta el borde mismo de la confrontación civil, como decía.

Requeriría espacio propio recordar cómo fue la relación de la Monarquía Absoluta borbónica con sus “provincias exentas” y precisar qué vascos y por qué se aferraban al arcaico sistema institucional y foral y qué vascos y por qué estimaban que estaba periclitado y sus ventajas mejoradas en los primeros textos constitucionales. Que las guerras carlistas no lo fueron entre los “países forales”, mucho menos entre Euskadi, y España (así lo reconocía, y lamentaba, el fanático discípulo de Arana, el clérigo E. de Ibero) sino entre la más dura reacción ultraabsolutista y un liberalismo nada jacobino. Zumalacárregui, convertido estólidamente en héroe del independentismo vasco, era un reaccionario caudillo ultra que decía luchar contra “la horda revolucionaria” liberal. Por ello fue glorificado también (¿será pura casualidad?) por el carlismo que ayudó al triunfo del régimen franquista.

Sería conveniente recordar cuál fue la política de los gobiernos liberales, sus leyes abolitorias de los “fueros vascos” de 1839 y 1876 y cómo y hasta qué punto se aplicaron. Porque tales gobiernos intentaron conciliar los principios teóricos de la Revolución con la supervivencia de viejos privilegios Antiguo Régimen, tanto por su escaso entusiasmo revolucionario y progresista como por su explicable obsesión de pacificar el país y restarle coartadas al absolutismo carlista. El primer ensayo fracasó y la historia se repitió en 1876 tras la tercera carlistada: se abolió lo que quedaba del viejo sistema institucional de las provincias, pero con la nueva concesión al pasado de mantener el trato fiscal privilegiado, cuya razón de ser era todavía para el diputado Barandica “la extrema pobreza del país”, algo que entonces era por completo falso. La obsesión pacificadora es lo que explica el generoso sistema de conciertos económicos que “supone una clara situación de privilegio para las provincias vascas y sobre todo para sus clases poseedoras” (Corcuera). La respuesta a ese espíritu de transacción y entendimiento, más allá del respeto a ciertos principios superiores, la dio de inmediato Arana, enemigo confeso del liberalismo y la democracia, y su violento nacionalismo del rencor.

Hace tiempo que existen motivos para preguntarse si los constituyentes de 1978 no cometieron el mismo tipo de error por la misma voluntad de pacificar y diluir la desconfianza de los nacionalistas. Introdujeron en la Constitución cierto historicismo improcedente y se cedió ante los excesos semánticos y conceptuales de los propios nacionalismos, que después han seguido ahondándolos. El PNV demostró además que no estaba dispuesto a ser leal a las reglas del juego democrático. La inclusión en el texto del disparate jurídico de los supuestos “derechos históricos” preconstitucionales y de su eventual “actualización” no sirvieron para que el PNV aceptara la propia Constitución (que sí fue aprobada en el País Vasco, bien a su pesar) y hoy esas nociones son fuente de graves problemas. Hace muy poco uno de los redactores de aquélla confesaba su amarga decepción porque se confió en la buena fe de personajes que nunca la tuvieron y son los que han convertido la situación en explosiva engañando a su propia parroquia.

Ahora no se habla tanto de “recuperar” cuanto de “crear la nación”, que, por lo tanto, no existe pero en nombre de cuya antigüedad y rasgos milenarios se dice luchar. ¡Extraña paradoja! Y los nacionalistas se proponen hacerlo vía democracia directa y consulta al “pueblo vasco”. Pero se pretende definir con trampas el sujeto de la consulta cuando lo que se tiene delante, o debajo, es una sociedad vasca muy plural, pero diezmada ya por el exilio para que cada vez lo sea menos y cuyo auténtico pensamiento es imposible conocer de manera fiable tras décadas de adoctrinamiento forzoso y el establecimiento de estilo totalitario de un clima de pánico en el que ha de vivir la mitad de la población para que el pensamiento autonomista pero no nacionalista no pueda ser expresado con un mínimo de libertad.

¿Ha terminado al menos el partido aranista con su ambigüedad? El mismo Día del Partido o Alderdi Eguna (29 de septiembre, 2002) Anasagasti declaraba a un periódico nacional que “lo que queremos no es la independencia/.../ La independencia en Europa no es un planteamiento realista”. Mientras, sus colegas jelkides, con pegatinas de Independentzia en el pecho, animaban a sus masas de creyentes en Salburúa a lanzar un nuevo irrintzi, ahora articulado en esa palabra: Independencia. Naturalmente, las masas de la campa no iban a leer tal diario. Ya tienen los suyos.

En un postrer ejercicio de realismo, el mesiánico Sabino Arana escribía poco antes de morir: “Es tan desfavorable el juicio que la mayor parte de los actos trascendentales realizados por nuestros antepasados me merecen... que tiemblo cada vez que me siento inclinado a tratar de la historia de mi patria”. Y también: “El más grave error que pueda padecer el nacionalismo vasco es el de estimar que su fin está en la independencia”. Quienes hoy “auto-gobiernan” lo hacen sobre el País Vasco más libre y autónomo que haya existido en la historia. Sí tiene un gran déficit de libertad y democracia; lo padece en exclusiva la mitad de la sociedad, pero no por la acción de ningún estado opresor, sino por la asfixia de la ideologización impuesta y más aún por la facción que la hace posible mediante el uso de las armas, exigiendo a sus víctimas que paguen el chantaje y callen, se vayan de la que es su tierra y la de sus mayores, o acepten estar en el centro de la diana.

¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
Albert Einstein

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